En la actualidad puede observarse un cambio en la percepción de las personas con discapacidad considerándose sujetos de derecho a las que luego de un arduo trabajo de concientización, se les reconoce la autonomía e independencia, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones en tanto que la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad” reconoce que la discriminación contra cualquier persona por razón de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor inherente del ser humano.

La Convención plantea un verdadero cambio de paradigma al recoger el Modelo Social de la discapacidad, modelo superador de la concepción previa, que tenía una mirada excluyente, de persecución, de estigmatización de las personas con discapacidad, apuntalando en ellas y a título individual, los motivos de su condición.

El nuevo paradigma, entiende que la discapacidad es el resultado de una sociedad que no es apta ni fue pensada para satisfacer las necesidades de todas las personas, sino que está construida solo para determinadas personas, que se autodefinen “normales”, sosteniendo que la discapacidad es entonces una construcción social y un modo de opresión social.

En 2017 se crea por Decreto 698/2017 la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funciona en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia, que tiene a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad.

La última Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad de 2018, en todo el país el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. En ese contexto, en Río Negro el 2,53 % de la población tienen algún tipo de “alteración funcional”, es decir poco más de 21 mil rionegrinos.

Es en este sentido de entender que el cambio es cultural que los legisladores Gerardo Blanes y José Rivas proponen la capacitación continua en la Administración Pública y por esto sancionar con fuerza de ley la “capacitación obligatoria en Perspectiva de Derechos de Personas con Discapacidad para los tres Poderes del Estado”.

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