(Pablo Barreno)SIC.- Presenté una denuncia penal para que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública, en el proceso de compra de un #avión de lujo para los viajes del Gobierno de Juntos Somos Río Negro: se gastaron 4.239.990 dólares por una aeronave modelo 1994, que tiene capacidad para 8 pasajeros, una autonomía de 4 horas de vuelo y que recientemente protagonizó un accidentado vuelo que terminó con un aterrizaje forzoso en Salta, debido a que un desperfecto en el sistema de frenos produjo un bloqueo que derivó en la rotura de dos neumáticos.

Entendemos que es necesario que la justicia investigue esencialmente sobre la razonabilidad y la conveniencia del precio, teniendo en cuenta cuatro puntos centrales:
– La operación se realizó a través de un intermediario: se contrató a una empresa poco conocida en el universo aeronáutico, para adquirir una aeronave que estaba a la venta en Estados Unidos a 2,3 millones de dólares. Es decir, la mitad de lo que finalmente se pagó.
– Según la licitación, el avión tiene destino de “vuelos sanitarios con sus configuraciones para transportes de pasajeros y/o carga”. Sin embargo, la Provincia tiene contratos vigentes para vuelos sanitarios y uso de la gobernadora por más de USD 3 millones.
– La operación realizada por el Gobierno provincial estuvo enmarcada en una investigación judicial a nivel federal sobre todas las compras de aviones en los últimos dos años, que tiene como objetivo saber si hubo casos de sobrefacturación pero también se sospecha de maniobras al borde de la ilegalidad para obtener los dólares al valor oficial, con autorización del Banco Central.
– Recientemente, una provincia invirtió menos de la mitad por una aeronave similar: el 1º de octubre de 2020, La Pampa aprobó la licitación pública de una aeronave marca LEARJET 60 S/N 269 año 2003 usada, por la suma de USD 1.999.000, para fines sanitarios y de traslado oficial.
En el marco de la severa crisis financiera y económica que atraviesa la provincia de Río desde hace varios años, en la que inclusive no es seguro el pago de los sueldos de los trabajadores del Estado, entiendo que es de vital importancia esclarecer las circunstancias y determinar si el proceso de compra se ajusta a lo establecido por la norma. Básicamente, porque cada rionegrino y rionegrina tiene el derecho a saber fehacientemente que su esfuerzo no es utilizado en operaciones que, incluso, podrían significar un ruinoso negocio para todos y todas.
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