Un hombre del Alto Valle terminó condenado después de que la empresa Google detectara que subió a su cuenta personal 35 archivos que contenían material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. El Código Penal fija penas de hasta dos años de prisión por la tenencia de este tipo de imágenes. Sin embargo, cuando la policía allanó su casa también secuestró un revólver y por la suma de delitos fue condenado a tres años en suspenso y pautas de conducta.

El caso encuadró en la figura de legal de tenencia con fines de distribución. Culturalmente, ese delito era conocido como pornografia infantil pero el nuevo paradigma – en sintonía con las organizaciones internacionales – recomienda utilizar el término “material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes”.

La primera alerta se activó cuando la empresa Google Inc detectó imágenes infantiles en la plataforma Google Photos de un usuario de correo con domicilio en el Alto Valle de Río Negro. La multinacional hizo la denuncia ante el Centro Nacional de Niños Perdidos y Explotados (NCMEC) y eso generó un reporte Cybertipline que fue informado a la Procuración de Río Negro.

En ese contexto se inició la investigación y se ordenó un allanamiento al domicilio de la persona que utilizaba ese correo electrónico. Además del secuestro de dispositivos electrónicos, la policía encontró un arma de fuego de puño del tipo revólver calibre 22 largo.

El imputado fue acusado por la fiscalía de Cipolletti y en esa instancia aceptó la modalidad de juicio abreviado. Estuvo asistido por un defensor público.

Entre las pruebas, además del allanamiento y del trabajo de la policía local se incluyeron los informes de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la C.A.B.A, que fue el primer organismo en recibir las alertas.

El Código Penal, para la modalidad de tenencia con fines de distribución o comercialización, prevé penas cuya escala abarca desde los seis meses hasta los dos años de prisión. Sin embargo en este caso se sumó la tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y por eso la condena alcanzó los tres años de prisión en suspenso y pautas de conducta. Entre ellas someterse al control y cuidado del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados, no cometer nuevos delitos, no consumir bebidas ni drogas en lugares públicos y mantener el domicilio.

 

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