Un conflicto por un alquiler informal en El Bolsón derivó en una decisión judicial que ratifica que las vías de hecho no pueden reemplazar a las legalmente establecidas. En este caso, una señora les alquilaba de palabra, una vivienda a una pareja. Al fallecer la propietaria, su hija intimó al desalojo en dos semanas y ordenó cortar los servicios de gas y electricidad. Luego los inquilinos se fueron, pero iniciaron una demanda judicial y la sentencia dijo que debían ser resarcidos por los daños que implicó la decisión de dejarlos sin esos servicios esenciales.

En su presentación, la pareja dijo que alquilaron una cabaña mediante un contrato verbal celebrado con una señora. Solo el primer mes le extendieron un recibo de pago. La mujer falleció y su hija les exigió que en 15 días como máximo dejen la vivienda.

Este plazo era de imposible cumplimiento para la pareja, que además tiene una hija. Según expresaron, poco después fueron retirados los medidores de gas y de electricidad, privándolos de trabajar en la preparación de viandas, de tener agua caliente, calefacción, etc.

Por su parte, la heredera pidió una reconversión de la acción judicial, y reclamó el pago de alquileres, gas y electricidad. Afirmó que el retiro de los medidores de luz y gas fue a instancias de las empresas proveedoras, y que el gas no pudo habilitarse por pérdidas en la cañería.

El juez dio por hecho el contrato de partes e hizo lugar parcialmente a la demanda por daños y perjuicios y ordenó a la propietaria a abonar un resarcimiento a la pareja.

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