Desde que en 2006 se creara el Régimen de Compensaciones Complementarias (RCC) destinado a compensar los incrementos de costos incurridos por las empresas de transporte urbano y suburbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), dando paso en 2007 a las Compensaciones Complementarias Provinciales (CCP) para compensar a las empresas de transporte automotor del interior, aunque en 2007 colocaron montos máximos a las compensaciones dejando de atender los aumentos de costos por inflación y se negó la posibilidad de sumar nuevas unidades afectadas al transporte automotor urbano a las jurisdicciones del interior del país; los gobiernos provinciales tuvieron que aplicar incrementos tarifarios afectando el poder adquisitivo de los usuarios y usuarias en medio de la crisis económica y provocando además una fuerte caída de pasajeros transportados.

Los tratos arbitrarios y discriminatorios llevaron a que en el AMBA el 85% del costo del transporte urbano sea solventado por subsidios nacionales, mientras que sólo el 15% restante es cubierto por el usuario. En el interior, en promedio, el 30% de los costos lo cubren los subsidios nacionales, otro 30% lo cubren las jurisdicciones provinciales y municipales y el usuario financia el 40 % del transporte urbano.

En el marco de la necesidad de dar una urgente respuesta a la aplicación de subsidios al transporte automotor urbano de pasajeros, la legisladora Julia Fernández, junto a sus pares Claudia Contreras y Juan Pablo Muena presentó un proyecto de Comunicación frente a la necesidad de dar urgente tratamiento y posterior sanción al proyecto de Ley del diputado Agustín Domingo, cuyo objeto es la creación del Fondo Único de Asistencia al Transporte Público de Pasajeros por Automotor – Urbano, Suburbano e Interurbano de la República Argentina “Fondo Único de Asistencia al Transporte”.


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