Las Asambleas del Curru Leuvú, junto con las comunidades mapuche-tehuelches y la Coordinadora del Parlamento Mapuche, venimos denunciando la política de ecocidio que promueven los gobiernos provinciales y nacionales de Arabela Carreras y Alberto Fernández. Decimos basta a la implementación  de proyectos extractivistas, que en manos de empresas de capital extranjero y en connivencia con el poder político y judicial, implican el despojo de las comunidades originarias, la desestructuración de las economías regionales y la depredación de la naturaleza; extrayendo enormes cantidades de bienes comunes naturales con el fin de ser exportados, dejando muerte a su paso.

Plagados de falacias, estos proyectos  se presentan a la población como soluciones mágicas que resolverán los graves problemas estructurales de la pobreza y el desempleo. Sin embargo, las empresas se instalan por un corto tiempo, una vez agotados los recursos y repatriadas las ganancias, levantan campamento dejando los territorios contaminados, las economías regionales destruidas y altos índices de desempleo y pobreza.

La preocupante situación de Río Negro que hoy nos convoca viene de la mano de dos proyectos: Calcatreu, cercano a la localidad de Ingeniero Jacobacci – Huawel Niyeo- donde la multinacional Patagonia Gold desarrolla un proyecto minero  de oro y plata. Por otra parte,  Amarillo Grande extiende sus garras desde  la localidad de Valcheta hasta  Villa Regina. Allí la empresa canadiense Blue Sky pretende extraer uranio a cielo abierto.

También debemos nombrar la mina de oro El Rosillo en cercanías de Pilcaniyeu –de la mano de la empresa E2 Metals  Limited, australiana– y, el otorgamiento de permisos de cateo a la empresa australiana Ivael Mining SA, por parte del Estado.

Por otra parte y de manera silenciosa, en el departamente de San Antonio, la mina de oro y zinc San Roque, reedita temores y enciende alarmas en una comunidad que aún no se recupera del desastre residual de Mina Gonzalito -que explotó plomo y zinc- dejando una gran contaminación de plomo en sangre en la población de San Antonio Oeste, que aún hoy, y después de 40 años, sigue esperando la remediación. Las empresas canadienses Marifil y Nova Gold son las propietarias.

Cabe destacar que todos estos  proyectos, se realizaron  a espaldas de la ciudadanía violando varios artículos de la Constitución, Nacional, Provincial y acuerdos internacionales.  Hoy denunciamos el avance de estos proyectos extractivistas, que se desarrollan sin la consulta previa, libre e  informada a las comunidades en cuyos territorios se implantan.  Violando de esta manera sistemáticamente,  los derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Por este atropello muchas de las comunidades mapuche-tehuelche tomaron la decisión de cerrar sus tranqueras a las mineras y han presentado recursos de amparo.

No sólo la megaminería preocupa en Río Negro. El método de fractura hidráulica -fracking- que avanza destruyendo la fruticultura en el Alto Valle, ya evidencia  contaminación ambiental  y provoca enfermedades que la población viene denunciando, teniendo a la localidad de Allen como epicentro. Por otro lado, la extracción y transporte de arenas silíceas para el fracking en la meseta rionegrina, va dejando su huella de muerte. Ya son 22.000 hectáreas las afectadas  para la extracción,  ubicadas desde el Valle Azul -a la altura de Villa Regina- hasta el Bajo de Santa Rosa en cercanías a la localidad de Valcheta.

Como testigo silencioso, nuestro hermoso  río Negro a lo largo de sus 700 kilómetros de recorrido viene sufriendo por  el volcado directo de residuos cloacales, el vertido de desechos de las granjas de cría intensiva de ganado (feedlots), el uso de agrotóxicos, el avance de emprendimientos inmobiliarios sobre la costa y la incidencia de metales pesados producto del fracking, entre otros factores; hechos que se vienen denunciando desde hace varios años.

En relación a ésto nos preguntamos, en medio de una crisis hídrica, ¿sacrificaremos nuestro río, fuente de vida, para que  las prácticas extractivistas  usen  millones de litros de agua para sus negociados? Pedidos de informes, recursos de amparo, movilizaciones y manifestaciones no fueron suficientes para parar la codicia de unos pocos, que hipotecan con sus decisiones nuestro futuro.

Por último, no podemos dejar de mencionar el Proyecto Hidrógeno Verde que el gobierno ha incorporado como número 1 en su agenda política y de medios. La producción de energía  que se  obtiene a partir del agua mediante el proceso de electrólisis, viene a “salvar el planeta” (o al menos, una parte), ya que la generación del mismo, se proyecta para ser exportado.

Con estupor vimos cómo la legislatura de Río Negro, sancionó una ley mediante la cual se aprobó la entrega de 625.000 hectáreas a una empresa extranjera por 50 años (prorrogables por 25 años más) para la instalación de un megaparque eólico (equivalente en superficie a 6 veces el Alto Valle o todo el departamento de Bariloche).   Estas políticas gubernamentales vulneran la fragilidad de un espacio único para las y los rionegrinos: la meseta de Somuncura. Esta extensa zona fue declarada Área Natural Protegida en el año 1986, mediante el decreto de la provincia de Río Negro Nº 356/86 con el objetivo de preservar los varios endemismos de la región y sus valores geológicos, geomorfológicos, paleontológicos, arqueológicos y antropológicos especiales.

Con mucha preocupación, denunciamos la falta de información oficial sobre la implementación de este megaproyecto y sobre sus posibles consecuencias ambientales y sociales. Nos preocupa el silencio existente acerca del origen del agua que se utilizará, entendiendo que se compromete seriamente la disponibilidad de este recurso para consumo de la población, sobre todo la del Valle Medio e Inferior, San Antonio y Las Grutas, en un contexto de gravísima crisis hídrica y de colapso ecológico.

En sus argumentos, se plantea el “derecho oficial”  sobre tierras fiscales. Denunciamos que esta falacia, oculta en primer lugar el incumplimiento de la provincia en el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que ocupan las comunidades indígenas. La ley obliga además a la consulta de las  comunidades afectadas, a las Asambleas Ambientales de la provincia o a organismos científicos, cosa que en Río Negro no está pasando.

Las Asambleas del Curru Leufu hoy decimos basta y nos unimos al llamado de los pueblos originarios, oponiéndonos a estos modelos de saqueo y muerte que benefician a las castas políticas, judiciales y empresariales, despojándonos de nuestros bienes comunes, dejándonos sin trabajo digno, impactando nuestra salud, y robándonos el futuro. Seguiremos cada vez más unidos, trabajando, articulando estrategias de acción y recursos contra el terricidio.

FIRMAN:Las Asambleas socio-ambientales de la provincia de Río Negro, nucleadas en la Curru Leufu

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