En un documento que firman referentes de 39 pueblos o comunidades originarias critican duramente a la rionegrina Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). La sindican como a una “wigka” que accedió a un cargo sin consultas no concensos. Su gestión “es la profesía automplida, dicen.
El Documento 
Nuestras identidades son: Mapuche, Atacama, Haush, Ocloya, Tehuelche, Ava Guaraní,Huarpe, Omaguaca, Tilian, Abipón, , Iogys, Pilagá, Tonokoté, Chane, Kamiare/Comechingon, Qom/Toba, Tupí Guaraní, Charrua, Kolla, Quechua, Vilela, Chorote, Lule, Rankulche/Ranquel, Wichí, Diaguita, Sanaviron, Yagan, Fiscara, Mbya guaraní, Sellk’nam/Ona, Mbya guaraní/GuaycurúMocoví/ Moqoit, Tapiete, Günün a Küna, Nivacle/Chulupí, Tastil y otros/otras que irán recuperando su identidad comunitaria.
Somos 39 pueblos originarios en Argentina. No sabemos cuantas lenguas propias, preexistentes al Estado Argentino están vigentes. No hay dato censal. Logramos después de 200 años de historia del Estado Colonial incluir la pregunta 24 en el cuestionario censal sobre las lenguas indígenas habladas hoy. No está completa, no está bien formulada, pero es un paso histórico en el camino de lucha y reexistencia que sostenemos hace siglos. El plurilinguismo está vigente.
La autoridad de aplicación de políticas indígenas INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) estuvo ausente. Efectivamente hay funcionarias que no funcionan. Profecía autocumplida que anunciamos el mismo día que se conoció su designación inconsulta, sin consenso, sin respeto a la trayectoria del movimiento indígena. ¿Por qué la ciudadanía argentina y la dirigencia política naturaliza y legitima que una blanca/wigka (por Odarda) dirija el INAI, pero no naturalizaría que un hombre dirija el ministerio de las mujeres? ¿Existe un doble estándar de los compañeros y compañeras?
El Programa de Relevamiento Territorial (Ley 26160) no se aplicó de modo eficiente. Faltan relevar la mitad de las comunidades indígenas: de 1700 solo se ha medido menos de la mitad. Desde 2015 no se avanzó ni un  metro de medición.
Desde su implementación en 2006, aprendimos mucho. Su metodología debía ser corregida y mejorada, como así también el seguimiento y monitoreo. Pero no ha habido correcciones y mejoras aportadas por el movimiento indígena, porque no se nos escuchó.
El año pasado fue prorrogada por decreto ley, sin lograr el tratamiento en el Congreso de la Nación. Muestra del fracaso de la gestión del INAI en su incidencia legislativa. No fue casual, es causal. Su causa  es la práctica política paternalista, es la incapacidad de abrir espacios de participación y escucha del sujeto de derecho al cual se destina la política estatal.
No es una función de la Secretaria de Integración Urbana dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aplicar el Relevamiento Indígena dado que no es autoridad de aplicación para la ley 26160. Si la funcionara del INAI no funciona, no se resuelve delegando sus funciones en otro ministerio, se resuelve cambiando de funcionaria y generando una práctica política de consenso con el movimiento indígena para designar a un nuevo/a funcionaria.
La pretensión de atracar los fondos del Programa de Relevamiento Territorial por parte de un movimiento social en la voz de su dirigente, no es más que una bravuconada que desprestigia su base social. ¿Cuántas y cuántos militantes de pueblos originarios tiene su base social? No lo sabemos ya que claramente no están registradas sus identidades socioculturales ni étnicas en sus propios relevamientos,  ni las lenguas habladas por ellos y ellas ya que son borradas bajo la categoría de pobre o excluido/a.
Lo triste es que son hablados/as por la blanquitud con privilegios, lo cual ratifica la creencia que alguien nos interpreta o nos habla “en nombre de” porque nosotrxs no tenemos voz ni pensamiento. Practica paternalista generalizada en la militancia de lo “nacional y popular”.
Las carpetas técnicas del Programa de Relevamiento Territorial, sin inscripción en los Registro de Tierras Provincial o Registro de la Propiedad, no tienen ningún impacto positivo a nivel legal, porque aún con carpetas técnicas nos desalojan. La justicia no valida el Relevamiento de nuestros territorios. La solución política es una Ley Nacional de Territorios Indígenas, que reglamente el Art 17 del Codigo Civil. Ese es nuestro objetivo, una solución estructural.
El modelo de monocultivo de soja o de cualquier semilla transgénica tiene en su esencia una lógica de muerte, envenenamiento del suelo, del aire y del agua. Enferma el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y claramente el cuerpo ancestral donde viven nuestros ancestros/as.
El modelo agroindustrial, dependiente del petróleo es modelo de un campo sin labradores, sin trabajadores y convalida el despojo territorial que garantiza el Estado Colonial, brindando seguridad jurídica para el agronegocio, pero no para nuestras comunidades. El doble standar de la seguridad jurídica.
Lamentamos profundamente que nuestro gobierno sostenga bajo el mito de la “generación de divisas”  el envenenamiento de nuestros ecosistemas, nuestros territorios y nuestras vidas, la vida de todas las vidas, para que derrame algo para la redistribución de espejitos de colores que no resuelven lo esencial: la reproducción del modo de vida bajo nuestras matrices culturales.
El buen vivir, el Küme Mogen/Küme Felen, Sumak Kawsay, Samaq chagani, no es para los pueblos originarios, es para la humanidad toda, de todos los colores del arco iris y para el cuidado de la Casa Común.
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