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POLICÍAS y policías…

Nunca hay que preguntarle al pez sobre el agua”(º)

(1) Por Prof. Ruben Suárez).- El pasado 8 de diciembre y como todos los años, la Policía de Río Negro, conmemoró su día festivo. La prensa hizo referencia al discurso del Jefe policial. A la fecha, no se ha publicado ningún artículo, opinión o mención al referido hecho, salvo los comentarios de lectores que la misma ha generado.
Creo importante resaltar que la nota periodística refleja de manera directa y cruda, la ambivalencia de una institución que no puede reformular su camino.
La muerte del joven oficial Mandagaray se suma a otros hechos trágicos e irreparables que han quedado o van quedando subsumidos en la vida institucional
de la Policía de Río Negro. Mientras tanto, los cambios no llegan, aunque es posible sospechar, que ni siquiera hay intención de formularlos.
En ese sentido, creo que lo ambivalente también roza al poder político, porque en ocasiones la Fuerza policial se comporta como una entidad autónoma y en otras, pareciera depender de la autoridad legítima y constitucional. En el acto del día 8, se mostró como disciplinada y obediente, mientras “cosechó aplausos entre los presentes al acto”, es decir, del poder político.
Cuando el Jefe Tellería hace referencia al oficial Gabriel Mandagaray, “a quién hemos perdido como institución en medio de una formación desprovista de valores y ética profesional que se encuentra en etapa investigativa”, agrega dos factores importantes a tener en cuenta: la ética y la formación policial.
Por un lado, creo que la ética funciona si hay éticos que la hagan funcionar y por el otro, las palabras del Jefe generan una pregunta, ¿desde cuándo existe esa “formación desprovista de valores y ética profesional”?. La Policía de la provincia de Río Negro siempre se ha mostrado hermética tanto a recibir como a generar cambios estructurales, de hecho los ha rechazado en más de una oportunidad, o
los ha implementado y luego los ha abandonado.
En ese sentido debo mencionar el antecedente de una experiencia fallida de cambio parcial en la formación policial, uno de los tantos intentos que quedaron truncos por decisión de la propia Institución Policial: la carrera de Tecnicatura en Seguridad Ciudadana que se dictó en la Sede Atlántica de la Universidad Nacional de Río Negro. Esa experiencia no pudo continuar por decisión de la misma Fuerza, que siempre ha sostenido, que la formación policial debe hacerse dentro de la Institución sin ningún tipo de injerencia “civil”.
El aspecto que me interesa resaltar de lo citado anteriormente es la férrea vigilancia que impuso la Escuela de Policía sobre los asistentes a los cursos, es decir a los estudiantes universitarios policiales, a tal punto de vulnerar sus propios derechos como estudiantes, entre ellos, el poder desplazarse libremente y empatizar con sus pares.
Se llegó al extremo de controlar las salidas al baño en el mismo predio universitario (hecho que pudo ser abortado casi en forma inmediata), lo mismo que la circulación en las calles, sancionando en alguna oportunidad a quienes
asistieron a un acto de género en Plaza Alsina. La violación de alguno de estos aspectos le significaba al estudiante universitario policial, la pérdida de los francos semanales. El “vigilar y castigar” de Foucault fue llevado a la máxima expresión, dado que cada grupo de estudiantes tenía asignado un encargado-responsable de llevar todas las novedades a la Dirección de la Escuela de Policía, caso contrario, también ellos eran pasibles de sanciones disciplinarias.
La Institución Policial instaló en ese momento un panóptico dentro de la misma Universidad, vigiló la formación y también los contenidos. A su vez implementó medidas institucionales internas para entorpecer el normal desarrollo
de la trayectoria universitaria, como por ejemplo, aumentar el horario de las rutinas de trabajo para disminuir el tiempo de descanso y el dedicado al estudio.
Tenían un objetivo primordial: construir un pensamiento homogéneo orientado a la “inutilidad del estudio universitario para los policías”. Estas cuestiones fueron
denunciadas desde la Coordinación de la carrera.
Por eso llama mucho la atención lo dicho por el Jefe de Policía respecto a la capacitación, cuando hay antecedentes de que desde la misma Institución, se hicieron todos los esfuerzos necesarios para que una formación distinta fracase.
En el mismo acto del día 8, el Jefe también expresó que “tenemos la responsabilidad y la obligación (de) que en la Policía de Río Negro nunca más se lleven adelante formaciones o perfeccionamientos que tengan las intenciones personales por encima de los valores de la repartición y menos desprovistas de los lineamientos de los derechos humanos”. Sobre lo dicho, es necesario aclarar dos cosas, la primera de ellas es que existe una responsabilidad compartida, ya que el Jefe de la Policía es el poder civil, en este caso encarnado por el Gobierno de la Provincia. El Jefe Policial (nuevamente policía gracias a las presiones internas, porque en algunas oportunidades fueron civiles), es quién debe acatar las órdenes que emanan de la Jefatura natural. La segunda, tiene que ver con los programas internos de la Policía, entrenamientos, capacitación y demás, dónde también el poder civil debe tener y tiene injerencia directa, pero sospecho que la Policía a este rubro lo ejercita desde su perspectiva autónoma de la Fuerza, con la aprobación tácita del poder natural.
Sobre la aplicación de “los valores de la repartición” tengo la certeza que el tratamiento de la lamentable muerte de Gabriel Mandagaray, será un “CASO POLICIAL” importante para la Institución. Pero hubo un olvido grave en el acto, la
mención a la otra muerte con que carga la Policía provincial, el asesinato de Lucas Muñoz.
En ese sentido, no creo que la muerte de Lucas Muñoz, sea hoy, un “caso policial” relevante para la misma Institución. Pero hay cosas en común que unen ambos hechos, que bien podrían haber sido mencionados en el acto del pasado 8 de diciembre.
Las dos muertes fueron en servicio. Uno fue secuestrado y luego asesinado mientras se desplazaba hacia su trabajo (2016); el otro, murió mientras participaba de un ejercicio de capacitación violatorio de todas las normas. Los dos eran oficiales en servicio.
Pero allí comienzan las diferencias. Lucas Muñoz no proviene de una familia con tradición policial, es decir su familia, no forma parte de “los camaradas”. La incorporación a la “familia policial” la inicia Lucas, en solitario, no tiene antecedentes. Además Lucas Muñoz formó parte de las maltratadas cohortes que en su momento iniciaron el camino del conocimiento en la Universidad, de hecho aspiraba a conseguir su Licenciatura Universitaria.
Además, el rumor de “que algo habrá hecho”, muy típico de la época dictatorial, se ha hecho sobrevolar sobre la figura de Muñoz. Por otro lado, Gabriel Mandagaray, cuenta con padres de prestigio importante en la Institución, y que sin
duda, van a luchar hasta el final para encontrar la Justicia necesaria, y que todos esperamos que así sea, aspecto que hasta ahora se le ha negado a los familiares de
Muñoz. Sobre este particular, recuerdo que aún está pendiente la muerte dudosa en 1985 del policía de 25 años Miguel Hernández Huinca en General Roca, quién trabajaba en la Brigada de Investigaciones.
Hay una diferencia importante entre “queja” y “protesta”. La queja muchas veces es inocua; la protesta en cambio, supone acciones complementarias que tienen como objetivo los cambios que la misma protesta está denunciando. Lo de
recordar “con dolor y luto”, me suena más a queja que a protesta. Como integrante de la sociedad civil, le pido al Jefe Tellería y al poder político que actúen en consecuencia. Están frente a una enorme oportunidad histórica para reformular una Repartición que no está beneficiada por la historia en cuanto a sus valores se refiere. La bibliografía existente sobre la génesis de la institución policial desde la época Territoriana al presente, nos muestra una Fuerza que en muchas oportunidades no ha tenido en cuenta que la vocación de servicio, su respeto al poder civil, y sobre todo al conjunto social, son unos de sus objetivos fundamentales.
Por todo lo expuesto aprovecho esta oportunidad, para que se redoblen los esfuerzos destinados a reformular el accionar policial en todos los aspectos. Como trabajador de la Historia Reciente e integrante de la sociedad civil, solicito al Poder Ejecutivo y al Jefe de Policía, que se abran los archivos policiales para el período 1970-1983.
Como ya lo han señalado los especialistas e investigadores del tema en Río Negro, el “secretismo” es una cultura que forma parte del edificio policial. De esa manera se han preservado y cuidado responsabilidades, que en cualquier otro ámbito serían motivo por lo menos de investigación. La apertura de los archivos históricos, sería una medida más que valiente y un primer paso de cara a la democratización social, que cuenta ya con más de cuarenta años de trayectoria ininterrumpida, espacio simbólico en el cual la Policía de Río Negro no puede estar ausente.

(º)Un antiguo y anónimo aforismo chino dice que nunca hay que preguntarle al pez por el agua. Foucault agrega que “el pez nunca descubre que vive en el agua. De hecho, como vive inmerso en ella, su vida transcurre sin advertir su existencia. De igual forma, una conducta que se normaliza en un ambiente cultural dominante, se vuelve invisible”

1 Doctor en Historia. Ex docente de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad
Nacional de Río Negro, Sede Atlántica.