El Concejo Deliberante de la capital rionegrina renovó por un año el período de emergencia habitacional, decretado en diciembre de 2020 con la finalidad de acelerar el proceso de recomposición social y urbana. Además, el oficialismo destrabó el tope de diez legajos aprobados por sesión, para incrementar la asignación de terrenos.

Transitando el final de un año marcado por la llegada de las vacunas y los indicios de la recuperación post-pandemia, el concejo viedmense extendió la declaración de “Emergencia en Hábitat” sancionada en 2020 con el objetivo de acelerar la implementación de políticas destinadas a la asignación de terrenos y la reactivación de la construcción. El presidente de la Comisión de Planificación Urbana y Territorial Pedro Bichara, principal gestor de esta medida, explicó que la situación estructural contemplada el año anterior para la declaración de Emergencia continúa vigente, y amerita todos los esfuerzos de la gestión municipal.
Así lo expresó en sus redes sociales, desde las que comunicó esta medida adoptada por el concejo de la capital rionegrina. “Con el apoyo de nuestro bloque”, explicó Bichara, “presentamos una solicitud para extender el plazo de la Emergencia en Hábitat; decretada en diciembre de 2020 en la ciudad de Viedma, y cuyo plazo de 12 meses estaba próximo a cumplirse”. Pese a los avances registrados en la problemática del acceso a la vivienda, el concejal reconoció que la situación estructural de la comunidad viedmense continúa bajo las condiciones que motivaron la declaración de Emergencia. “Por este motivo -agregó- necesitamos mantener los mecanismos para gestionar, y responder con más velocidad a la demanda social”.
El texto de la Ordenanza aprobada el pasado lunes indica sin miramientos que el sistema de acceso a la vivienda, tanto a nivel nacional como provincial, se encuentra en crisis. La incorporación de una batería de acuerdos y medidas destinadas a la resolución de esta problemática requirió un reconocimiento de la situación desde lo normativo, lo que vino a enmarcarse bajo la declaración de “Emergencia en Hábitat”. Sin embargo, la resolución fue sancionada bajo una serie de regulaciones concernientes a garantizar la transparencia de las gestiones municipales, planteando este proceso en una serie de etapas sujetas a revisión que terminó por dilatar la asignación de los terrenos. El artículo quinto de la Ordenanza en cuestión, que fijaba un tope para la cantidad de legajos que el Concejo podía tratar por sesión, presentaba el mayor obstáculo para avanzar con los objetivos de la declaración de Emergencia.
“Junto a otras instancias de controles y encuestas que no se corresponden con el estado actual de la situación”, consideró Bichara, “este artículo significaba una demora para la adjudicación de lotes sociales en terrenos fiscales”. Y agregó: “Reformamos el artículo de la Ordenanza 5519 para incrementar la respuesta del gobierno municipal ante la emergencia habitacional, respetando los criterios de transparencia y acceso a la información pública”. La reforma consiste en una readecuación del sistema de procesamiento de los legajos, cuya información permanecerá sujeta a la revisión retroactiva del Concejo Deliberante, pero que le permitirá al gobierno avanzar con más eficiencia en la adjudicación de los terrenos.

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