El Superior Tribunal ratificó en un fallo la cobertura del 100 % para afiliados del Ipross con discapacidad, lo que incluye que no deben pagar ningún coseguro, pero hizo lugar a una planteo de la obra social.
Un fallo de primera instancia había obligado a la obra social estatal a pagar lo facturado por un acompañante terapéutico par aun niño con discapacidad física y retraso mental leve. Los honorarios superaban los expresados en el nomenclador y que Ipross abona a otros prestadores. La Provincia apeló y argumentó que la cobertura está garantizada hace años, pero que la controversia “se encuentra limitada al precio que debe abonar por el acompañamiento terapéutico”.
Para la obra social, el fallo de primera instancia desconoció “las atribuciones del Ipross en materia de autorización de prestaciones y somete al instituto a pagar la modalidad y monto de los reintegros en contravención a su propia normativa interna, lo que coloca a las autoridades al borde de una infracción administrativa”.
Según la obra social, hubo un pedido de excepción, pero no fue suficientemente fundando.
Finalmente, señaló que esta afectación de fondos públicos, que favorece y privilegia el honorario que pretende cobrar un operador del sistema, viola el principio básico de la división de poderes, inmiscuyéndose en áreas y decisiones que no son de su competencia, y coloca a la obra social del estado en una situación de sometimiento respecto de las pretensiones económicas de los prestadores.

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