Viedma - 29/07/2019 incendio de 3 casillas en el asentamiento "Toma Union" Foto : marcelo ochoa

El fallo dictado contra nuestros vecinos y compañeros del barrio Nueva Vida, uno de los tantos barrios populares de nuestra ciudad, es una sentencia contra el derecho a reclamar derechos y una ciudad más justa. No es más que un golpe de odio y desprecio que los privilegiados descargan contra quienes sufren necesidades.
La decisión de la jueza castiga a los pobres por serlo y los condena a seguir siéndolo. En una ciudad cuyo propio gobierno local reconoce la emergencia habitacional, en lugar de señalar los derechos que emanan de esas desatendidas necesidades de vivienda, el Poder Judicial se alinea con el gobierno provincial de Arabela Carreras para ver en cada necesidad, un delito. En cada reclamo popular, amparado por derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución Nacional y Provincial, ciertos magistrados, la derecha y el gobierno provincial se empecinan en ver un crimen que hay que perseguir con todos los recursos y violencia del Estado.
Justamente el poder menos democrático del Estado, que es el Poder Judicial, se desresponsabiliza, desconoce los derechos más elementales y utiliza su poder para castigar a los pobres. En un contexto de profundización de la pobreza, de la falta de trabajo y techo para vivir, los sectores privilegiados de la sociedad reaccionan mostrando su peor cara. Los mismos jueces que dejan impunes los crímenes contra lxs hijxs de lxs trabajadorxs, nos proponen vivir en una sociedad dislocada, segmentada y separada por un abismo de indiferencia entre los barrios del centro y los barrios de la periferia de Viedma.
En los últimos 30 años en Viedma se construyeron alrededor de 25-30 barrios. La mitad o más de esos barrios se configuraron a partir de recuperaciones de tierras en contextos de crisis social y falta de responsabilidad del estado. Son producto de tomas y recuperaciones de tierras los barrios: Lavalle, 30 de marzo, Nehuen, Esperanza, Loteo Silva, 1 de mayo (La Boca), Progreso, Unión, Santa Clara, Puente Viejo, 2 de Enero, Mi bandera, 13 de junio y otros. Y de modo más reciente, 9 de julio, Nueva Vida, Costa Este, Malvinas Argentinas, Defensores del Lavalle. En estos barrios viven aproximadamente 3000 familias. La Ley Nacional 27453 que creó el RENABAP (2018) establece que debe considerarse barrio popular a todo asentamiento en el cual vivan al menos 8 familias. No son usurpaciones ni tomas, son barrios populares en proceso de integración urbana. Sólo unos pocos barrios populares han sido regularizados y tienen una incipiente urbanización. En todos, generaciones enteras han vivido sin los servicios públicos básicos y esa es la realidad que aún hoy viven muchas familias de nuestra ciudad. Viedma tiene 80000 habitantes y unx de cada tres habitantes viven excluidxs del derecho humano al hábitat. Unas 24000 personas (o 6000 familias) actualmente carecen de vivienda o viven en condiciones de extrema precariedad habitacional. La criminalización de la pobreza y del reclamo de tierra y vivienda para vivir no aportan ninguna solución a la problemática del hábitat. No es una respuesta a quienes sufren la falta de vivienda, ni ataca a los problemas de déficit de hábitat, ni siquiera media un resarcimiento a los propietarios. Y, sobre todo, esa reacción judicial no implica ninguna intervención que reponga lo que falta, la responsabilidad el Estado. Pero mucho menos, echarle la culpa a los excluidos de sus padecimientos, da respuesta a las causas profundas que explican el creciente déficit de hábitat en nuestro país donde una familia de cada tres lo sufre según cifras oficiales.
¿Por qué lo hacen? Suponer que porque se castiga desde el Poder Judicial el reclamo por vivienda digna de miles de familias (insistimos una de tres de la ciudad) se acabarán las tomas y florecerá la planificación urbana y el mercado inmobiliario es por lo menos simplista para achacarlo al pensamiento de nuestros funcionarios judiciales. ¿O eso creen? Pensar que por culpabilizar a los pobres de su miseria se conseguirá vivienda para que no haya niñxs, mujeres y familias enteras en la calle o que vivan hacinadxs en un contexto de pandemia, es demasiado ingenuo para que sea el verdadero propósito de fiscales y jueces. Su único objetivo palpable es criminalizar la pobreza y castigar a lxs que no aceptan sumisamente vivir hacinadxs o con hambre para pagar los alquileres en aumento. Es una persecución contra el derecho a organizarse y reclamar algo tan elemental como un pedazo de tierra y una vivienda para vivir. Lo hacen porque prefieren usar la amenaza de la fuerza y la intimidación para tapar el problema en lugar de dar una respuesta y actúan así porque el gobierno provincial ha definido esa política. Y Guernica está demasiado cerca, aunque ellxs ya se hayan olvidado. Para muestra solo nos basta con un botón. El día jueves una compañera que terminaba sus tareas en un comedor de uno de los barrios populares de nuestra ciudad fue abordada por personal de civil, que circulaba en un auto sin identificación oficial y sin mostrar sus credenciales ni orden visible del ministerio público fiscal, la obligaron mediante amenazas a subirse para llevarla a una dependencia del Ministerio de Seguridad para ficharla. Por supuesto, esa bravuconada para atemorizar a los más débiles, se convierte en complicidad y obsecuencia cuando se trata de Lewis o Benetton y otros terratenientes que usurpan nuestras tierras acá en el sur. Quizá ciertos funcionarios judiciales preferirían borrar de la Constitución y de los Tratados que suscribimos como país todos los derechos y dejar solamente el principio de la propiedad privada. Pero la tierra no es una mercancía, es un derecho también y para nuestra Constitución provincial es un bien social. Debemos indignarnos y repudiar esa política del miedo, pero con ello no alcanza. Por eso reafirmamos nuestra convicción de luchar hasta tener barrios con vida digna. Reiteramos que, al reclamo por tierra y vivienda para vivir, por servicios para nuestros barrios y por urbanización no se pueden responder con criminalización sino con políticas públicas inclusivas y de integración urbana. Y hasta tanto, nuestros barrios se siguen levantando, con dignidad y trabajo.
Desde la Mesa Local de Barrios Populares de Viedma señalaron:
¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA Y LA PROTESTA!
TIERRA PARA VIVIR
SERVICIOS PÚBLICOS, URBANIZACIÓN Y VIVIENDAS DIGNAS PARA TODXS
LA TIERRA NO ES MERCANCÍA ES UN DERECHO
PLANIFICACIÓN HABITACIONAL CON INTERVENCIÓN ACTIVA Y VINCULANTE DE LAS ORGANIZACIONES BARRIALES Y POPULARES
EL ESTADO ES RESPONSABLE

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