(Por Pablo Barreno) La comisión Sala Acusadora de la Legislatura de Río Negro rechazó, con los votos de los legisladores de Juntos Somos Río Negro, el pedido de juicio político a la jueza del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Liliana Piccinini, que surgió de una denuncia por persecución del sindicato judicial.
Insólito fue como los legisladores oficialistas trastocaron la naturaleza institucional de la reunión, y la convirtieron en un juicio sumario: ocuparon la mayoría del tiempo en alinearse con la denuncia de Piccinini en contra de mi persona y dejaron claro que, para ellos, soy culpable.
No creo que existan muchos casos en los que el Estado de Derecho haya sido vulnerado de esta forma, con el poder político de la provincia confluyendo con los intereses de la jerarquía judicial para avasallar derechos que son potestad de los trabajadores.
¿Quedó claro, no? En lugar de decidir sobre la remoción o no de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, los legisladores de Juntos Somos Río Negro decidieron desarrollar alegatos de neto corte político para adelantar una condena contra mi.
A pesar de la gravedad institucional del hecho, no reviste novedad: en la previa de la audiencia de formulación de cargos por la absurda denuncia de Piccinini contra mi persona, la gobernadora Carreras avaló públicamente la decisión de la fiscal, lo que constituyó una clara intromisión del Poder Ejecutivo sobre la Justicia, afectando así la división de poderes.
En definitiva JSRN, el partido que gobierna hace casi una década prácticamente sin controles del resto de los poderes del Estado, avaló la persecución desatada por la presidenta del poder más reaccionario y plagado de reminiscencias monárquicas.
Este apoyo institucional consagra la impunidad y pone en peligro un pliego de derechos colectivos de los trabajadores y sus organizaciones: si Piccinini puede utilizar el aparato judicial para disciplinar, aún sin contar con sustento jurídico, y es acompañada por el poder político…bueno, la situación se torna demasiado espesa.
Cabe preguntarse si esta devolución de favores no está relacionada con permitirle a Piccinini “limpiarse” para poder avanzar hacia la jugosa jubilación que tienen a disposición los jueces de nuestra provincia: cobrar el 122% de su salario.
Finalmente, es menester advertir sobre la peligrosidad institucional de este tipo de avasallamiento. La articulación de la jerarquía judicial y el poder político para perseguir y disciplinar a dirigentes opositores configura una asociación ilícita que reduce el Estado de Derecho a una mera figura retórica.
Queda demostrado en la experiencia histórica reciente que esa confluencia ha sido utilizada también para promover y legitimar programas económicos que ampliaron la pobreza y la desigualdad. Todos y todas estamos en peligro cuando esto sucede.
Es realmente llamativo que ocurra esto en nuestra provincia justo cuando el contexto nacional e internacional (con la absolución de Lula en Brasil) dan cuenta, como signo del tiempo que se viene, que los pueblos y los dirigentes atacados no están dispuestos a arrodillarse frente al poder real.
(Legislador- Dirigente gremial)

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