Un multimillonaria estafa -muy superior a los mil millones- al Estado nacional, investigada por la AFIP y un juzgado federal de la provincia de San Luis que ya tiene requerimiento para ir a juicio oral y público, tiene connotaciones directas en el sur bonaerense y en la provincia de Río Negro.
La causa, que tiene como principal involucrado a Ariel Balmaceda, un piloto de TC de poca fama, cuenta con otro nutrido grupo de intermediarios que actuaban “en distintas provincias (principalmente San Luis, Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Rio Negro y Neuquén), gracias a los cuales los servicios ilícitos mencionados se ofrecían y demandaban (…) a gran escala”.
Entre esas personas se identificó a “actores de la actividad del automovilismo”, lo que daría cuenta de “un mutuo conocimiento y confianza que derivó en una actividad asociativa criminal” junto a Balmaceda.
Aunque este medio no pudo confirmar en sede judicial la presencia de exhortos o requerimientos directos del fiscal federal puntano sobre vecinos de la zona, si se pudo establecer que al menos dos personas de desempeño en la región fueron indagados.

Comisiones y el perjuicio fiscal total estimado

Tras detallar el “modus operandi”, el fiscal Rachid explicó que por la venta de facturas apócrifas los miembros de la organización “habrían cobrado a los contribuyentes (usuarios) entre un 15 % y un 35 % del crédito fiscal espurio que con ellas se ‘generaban‘”; mientras que los intermediarios que conseguían los “clientes” adquirentes percibirían entre el 4 % y el 57,14 %.
La venta de “IVA” es -se sabe- uno de los principales recursos del mundo del automovilismo para generar recursos que permitan hacer frente a los costos de competencia.
Sucede que esta vez se detectó una verdadera organiación criminal.
Por otro lado, el requerimiento de la fiscalía cita un informe de la División Investigación de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP, según el cual “a partir del listado de usinas relacionadas con la causa se verifica que, en su conjunto, han emitido facturas electrónicas por un total facturado de $2.181.745.623,21, con un IVA discriminado de $372.586.707,74, que sería el perjuicio fiscal en dicho impuesto”; en tanto que el daño en materia de Impuesto a las Ganancias “ascendería a la suma de $630.552.053,91 (35 % del monto neto facturado de $1.801.577.296,90)”.
Así, el perjuicio fiscal total estimado ascendería a $1.003.138.761,66 -$372.586.707,74 por el IVA + $630.552.053,91 del Impuesto a las Ganancias-, “sólo considerando la facturación electrónica”.
“Atento a la cantidad de factureros manuales encontrados en los domicilios allanados, el perjuicio fiscal sería mayor”, añadió el fiscal.

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