Luego de la reunión de la Mesa de la Función Pública, la UPCN está en pleno proceso de consulta con las bases a nivel provincial.
“Estamos analizando profundamente la propuesta porque, si bien para las categorías más bajas representa un cierto alivio, para otro sector amplio de las categorías medias y altas de agentes incluidos en la Ley 1844 y en la Ley 1904, no es siquiera mínimamente suficiente”, indicaron desde el gremio.
“La realidad es que, el momento en que nos encontramos hoy respecto a la aplicación de porcentajes y sumas no remunerativas, también es resultado de que en los dos últimos años y medio fuimos cobrando ‘bonos’, que han depreciado todas la base de cálculo a la que hoy debemos aplicar lo que el gobierno propone y también, es consecuencia de la falta de puesta en vigencia del escalafón de la Ley 3487, cuestión que nuestro secretario general volvió a reclamar en la reunión de ayer porque “la base de una modernización del Estado está allí. Hoy, la pirámide de la carrera administrativa está totalmente achatada y los compañeros y compañeras de las categorías medias y altas nos lo hacen saber desde toda la provincia”, expresó.
Por otro lado, la UPCN quiere que se aclare el tema de la deuda que el gobierno mantiene con compañeros y compañeras de Salud Pública respecto a las promociones automáticas y también la designación de nuestro representante en el Directorio del IPAP.
“Destacamos si, la voluntad actual del gobierno al diálogo, el cambio de actitud para con el gremio mayoritario y la disponibilidad a retomar la discusión”, concluyeron desde UPCN.

Aguiar

El secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, destacó el acuerdo firmado con el gobierno rionegrino que significa un 42% anual para la categoría inicial. “Debemos felicitar a los estatales de la provincia tanto así como a su conducción y la de todas las seccionales por concluir una trabajosa pero muy favorable negociación. Costará mucho encontrar otra jurisdicción en la que durante este año 2020 el sector público haya alcanzado tantas mejoras”, evaluó.

Para el referente sindical, “si se contextualiza adecuadamente el acuerdo salarial, se transforma en uno de los de mayor entidad en el país”. “Tenemos la sensación que la gobernadora (Arabela) Carreras ha comprendido rápidamente la centralidad que adquiere el Estado para enfrentar los nuevos desafíos que nos impone la pandemia”, agregó. La oferta aceptada se trata de 6.000 pesos a liquidarse de forma complementaria con haberes de septiembre sumado a un incremento del 10% con los haberes del mes de octubre.

Aguiar consideró que “la crisis sanitaria se traduce en un derrumbe económico y social”, por lo que “el mercado desaparece como regulador de la economía y es el Estado, bajo otra lógica, el que tiene que garantizar la reproducción social”. Con la nueva fórmula aceptada, el haber mínimo pasará de 33.059 pesos a 42.365.

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