(Por Jorge “Coco” Colás) Se cumplen hoy 65 años del derrocamiento del gobierno constitucional Justicialista conducido por Juan Domingo Perón.
El 16 de septiembre de 1955, una coalición cívica, militar y clerical, logró desplazar al gobierno nacional. Eduardo Lonardi, líder del movimiento revolucionario en su discurso de asunción el 23 de septiembre prometió a los argentinos “que no habría vencedores ni vencidos”.
Pero el 13 de noviembre los militares lo destituyeron del mando cuando anticipó que en las próximas eleccionesgenerales “participarían todos los partidos políticos argentinos”. En esa jornada y con el título de Presidente de la Nación, asumió el general Pedro Eugenio Aramburu.
Acompañado por el almirante Isaac Rojas, como vicepresidente de la Nación, inician en el país un proceso de violencia política, con el dictado del decreto-ley 4141. En su texto, se prohibía expresamente “la utilización de imágenes, símbolos, signos, expresiones, doctrinas, artículos que sean representativos del peronismo e incluía vocablos proscritos, comoperonismo, peronista, justicialismo, justicialista, tercera posición, las marchas Peronista y Evita Capitana; los discursos de Perón y Evita”, entre otras disposiciones. Para los infractores se establecía una pena de 30 días a 6 años de prisión”.
El golpe de Estado de 1955 produjo la suspensión del Estado de derecho, de las actividades políticas y gremiales y el cese de todos los mandatos electivos. Por decreto 415 dejaron cesantes a los jueces de la Corte Suprema de la Nación. La C.G.T y todas las organizaciones sindicales fueron intervenidas y robaron de la Central Obrera el cadáver de Eva Duarte de Perón, que posteriormente y en forma clandestina fue enterrada con otro nombre en un cementerio de Milán, Italia.
El gobierno militar, en concordancia por los máximos referentes de los partidos políticos democráticos de la argentina, nucleados en la Junta Consultiva, conforman la Comisión Investigadora Nacional, presidida por el Almirante Rojas. Este organismo con 60 filiales en el interior del país, tenía el objetivo de “desperonizar” la República Argentina. Estas comisiones conducidas mayoritariamente por radicales y socialistas, tenían amplias facultades que incluían la posibilidad de detener personas, realizar allanamientos y secuestros de documentos sin autorización de ningún juez. Bloqueo de bienes, traslado de detenidos, ocupación de viviendas y expropiación de bienes eran también acciones a su alcance. Como resultado de esta experiencia se produjeron miles de cesantías, encarcelamientos y procesamientos a funcionarios y militantes del “régimen depuesto”.
En el caso específico de Río Negro la doctora en Historia e investigadora, Martha Ruffini, en su trabajo “La Revolución Libertadora, en el surargentino. Persecución política y antiperonismo en Río Negro”, señala:”El golpe militar de 1955 que derrocó al segundo gobierno de Juan Domingo Perón significó para los territorios patagónicos una interrupción en el orden institucional de las nuevas provincias. Al igual que en el resto del país, en Río Negro las intervenciones militares provocaron persecuciones, detenciones y represión con el fin de evitar la resistencia peronista. La acción de la Comisión Investigadora provincial creada en 1955 y de sus filiales en toda la provincia tradujo la tensión social existente –evidenciada en las múltiples denuncias e investigaciones iniciadas- pero también la total adhesión a los principios golpistas de gran parte de la sociedad rionegrina. Como respuesta al desplazamiento político sufrido durante el peronismo, se advirtió la participación activa de radicales y socialistas que adhirieron a los objetivos revolucionarios y participaron en las comisiones y juntas propiciadas por el interventor federal, signo de la debilidad y falta de confianza en el sistema político democrático con el que esta provincia iniciaba su camino autónomo. La “represión desde arriba” estaría presente desde los inicios del gobierno militar facilitada por una sociedad civil activa y denunciante que en pocas ocasiones intervino para evitar situaciones de inequidad”,
El justicialismo padeció por efectos de la proscripción 22 años de marginamiento de la vida nacional durante las dictaduras militares de Lonardi-Aramburu (1955-1958); Onganía (1966-1970); Lanusse (1971-1973); Videla (1976-1980); Viola (1980-1981); Galtieri (1981-1982) y Bignone (1982-1983). Pero lamentablemente a esto hay que sumarle 10 añosde gobiernos civiles seudodemocráticos de Frondizi (1958-1962; Guido (1962-1963) Que ratificó la proscripción del Justicialismo; e Illia (1963-1966), lo que hace un total de 32 años de marginalidad civica.
Durante el gobierno del dictador Alejando A. Lanusse el 26 de enero de 1972, el Partido Justicialista vuelve a obtener su personería jurídica y puede participar en futuras elecciones.
Frondizi, que accedió a la presidencia en 1958 con el voto peronista producto del pacto con Perón, intento en las elecciones del 18 de marzo de 1962 posibilitar la participación del justicialismo con siglas de fantasía. Los militares lo derrocaron ante el triunfo del peronismo en las principales jurisdicciones del país.
. Arturo Illia, emulando a Frondizi, quiso hacer una gambeta a la proscripción. Permitió que con la denominación Unión Popular, los marginados participaran del acto eleccionario. De las 96 bancas en disputa el 14 de marzo de 1965, los justicialistas se quedaron con 34 y Rodolfo Tecera del Franco fue elegido vice Presidente de la Cámara.
La anulación de los contratos petroleros, la Ley de medicamentos y la posibilidad de que en las futuras elecciones presidenciales el ganador fuera el peronismo, fueron laspreocupaciones de los militares y los principales motivos del derrocamiento de Illia producido el 28 de junio de 1966. Ese día asumió otro dictador el general Onganía, que pronosticó que su gobierno “duraría 20 años”.
Empecinadamente militares, partidos políticos y distintos sectores de las finanzas y de la economía interna e internacional, intentaron eliminar de la vida institucional argentina al Partido Justicialista. El 24 de marzo de 1976, faltando siete meses para las elecciones adelantadas que había convocado la presidenta de la Nación, María Estela Martínez de Perón para el 17 de octubre, los máximos dirigentes políticos, muchos argentinos y un importante sector del peronismo rechazaron la propuesta. Optaron por la presencia de un hombre fuerte para solucionar los graves problemas que padecía el país. Con un programa específico, el general Jorge Rafael Videla y su sequito de asesinos, implementaron en la argentina la “solución final”, ejecutando el mayor genocidio de nuestra historia institucional. El objetivo final era borrar del país al peronismo y a todas las ideologías políticas contrarias al pensamiento neoliberal.
El fiscal Julio César Strassera, en el alegato final del juicio ordenado por el Presidente radical, Raúl Alfonsín a la Junta Militar por los crímenes cometidos, señaló la terminante expresión “nunca más”. Estas dos sencillas palabras tenían y tienen la firme decisión de la mayoría del pueblo de respetar perpetuamente el “sistema democrático, la Constitución Nacional y las ideas políticas de la ciudadanía argentina”. Nunca Más

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