“Todo empezó una mañana cuando se acercó a nuestras oficinas un taxista y contó que le habían vendido en NALDO un teléfono carísimo que nunca anduvo”, dijo en EL TENDAL Gonzalo Novillo, de la Asociación de Defensa al Consumidor de Viedma.
El referente explicó en el 90.9 que “la gente debe saber que su derecho está en la acción de consumo, y entonces no es necesario llamar a ningún 0800 ni pedir papeles. Hay que hacer el reclamo, pedirle a el personal de seguridad que le salga de testigo y pedir la inmediata solución”.
Contó otros casos, como “un abuelo que compró en febrero un calefactor en Garbarino en Viedma y todavía no se lo llevaron”.
Novillo señaló que “la Directora de Defensa del Consumidor en Río Negro es una chica de Patagones, que se refugió en la Dirección de Comercio que le dió una oficinita frente al banco Patagonia”.
Recordó que “hace 4 años alertamos lo que iba a pasar con los seguros SURA”

El fallo

La sentencia de la jueza de Paz enmarca el caso como una relación de consumo, en los términos de los artículos 42 de la Constitución Nacional y 1092 del Código Civil y Comercial. Luego, recuerda que la Ley de Defensa del Consumidor dispone que “los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias e intimidatorias”.
Tras analizar la prueba, concluye que “teniendo en cuenta que las partes en esta categoría de contratos se encuentran en situaciones demasiado desiguales, esta magistratura se ve obligada a adoptar soluciones progresistas e integradoras para garantizar la justicia”.
Para cuantificar el daño se tuvo en cuenta que “la telefonía celular garantiza una conectividad que se ha vuelto necesaria en la vida de las personas, desde el servicio de mensajería y redes sociales, hasta para comprar mercadería, bienes de uso diario, contratar servicios, concretar operaciones bancarias, financieras y de consumo”.
Por la aplicación de los intereses, el costo del teléfono se triplicó. Su valor de entonces era de 7000 pesos, pero con la actualización, más los daños, la empresa deberá abonar casi 50 mil pesos.
Menor cuantía
Las acciones de menor cuantía permiten a los ciudadanos resolver reclamos de hasta 50 mil pesos de una manera más rápida, sencilla y en cualquier ciudad, pueblo o paraje que cuente con un Juzgado de Paz.
El Poder Judicial rionegrino cuenta con 49 Juzgados de Paz extendidos en todo el territorio provincial. Son, en muchos casos, la opción más cercana de los ciudadanos a la hora de resolver conflictos vecinales o realizar determinados trámites.
El procedimiento es gratuito para garantizar el acceso a la justicia. Además, es informal y respeta los principios de bilateralidad, igualdad y colaboración.