Gonzalo Angos, Ricardo Angos, Susana Inostroza, Mario Montero de Espinosa y Alberto Otermin entregaron terrenos por un valor apenas superior a os 10 millones de pesos y con ello no irán a juicio por un desfalco que en su momento se calculó en casi 50 millones.
Los cinco están acusados en la denominada “causa de APEL” y lograron lo que se llama técnicamente “suspensión de juicio a prueba” al ceder estos lotes en favor del Estado provincial.
Los terrenos están ubicados en el sector del barrio Lavalle de Viedma.
Mientras tanto, este 28 de mayo se cumplirá la audiencia de acusación contra los otros imputados, incluyendo al secretario general del gremio legislativo, Alejandro Gatica.
La justicia determinó “un manejo irregular del Fondo, entre agosto del 2010 -cuando se creó- y marzo del 2013, por 24.129.109 pesos y en 170.371 dólares. Otra defraudación de 1,3 millones por retención indebida de pagos efectuados por adjudicatarios, a partir del 2014 hasta el 2018. Y un tercero cuando APEL mantuvo durante un año (abril del 2013 a marzo del 2014) el cobro por cuotas por lotes y percibía aportes estatales” (sic, Río Negro).
Además de los terrenos, los hermanos Angos y demás encoados prometen realizar trabajos comunitarios “50 horas en la Cooperadora Grupo Scout Virgen del Carmen, de Carmen de Patagones”.
Insólitamente, aclaran en su oferta que esas tareas sociales “serán no remuneradas” como si fuese habitual que se cobren.
La Fiscalía de Estado, en defensa del erario público, no estuvo de acuerdo con el resarcimiento final pero el juez Gandolfi le recordó que su oposición no podía pasar de las quejas ya que no se había presentado como querellante.
Según la acusaciónlos, los cinco fueron “partícipes necesarios de las maniobras defraudatorias”, incluso tres simulan “ser adquirentes intermediarios en estos negocios inmobiliarios y disimular los sobreprecios, asegurando el retorno a Gatica y su círculo familiar así como a su socio, Angos”.
Retornos, pago con terrenos, pretención de cobro de horas comunitarias.
Este jueves Gatica y los responsables gremiales deberán comparecer.
Se especula en ámbitos tribunalicios que se llegaría a un acuerdo, asumiendo Gatica la responsabilidad y pagando también con “horas comunitarias”.
En todos los casos, si es cierto que Gatica pediría “juicio a prueba”,es dable remarcar que se está ante un hecho donde todos los acusados reconocen haber cometido el delito que se les imputa.