La senadora peronista por Río Negro, Silvina García Larraburu volvió a presentar su atrevido (para el establishment local) proyecto de recrear la Junta Nacional de Granos.
Aunque el mundo se hace cada vez ás proteccionista, los países cierran sus fronteras para defender la producción propia e incluso economistas y neoliberales hablan maravillas de lo que ocurre allende los mares, aquí reaccionan siempre contra los intereses de las mayorías.
En el proyecto, la senadora propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de “controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos”, “garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo”, “tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos”, “producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios”.

La iniciativa habla de una fuerte intervención en el comercio, ya que menciona “ejercer el control de todas las instituciones o entidades que intervengan directa o indirectamente en el comercio interno o externo de granos y sus subproductos, las que deberán ajustar sus actividades a lo dispuesto en esta ley y a las reglamentaciones pertinentes que expida el Poder Ejecutivo”.

También promueve para el organismo “fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte”, “autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes”.

El proyecto en el Senado contempla un fuerte control sobre el comercio de granosEl proyecto en el Senado contempla un fuerte control sobre el comercio de granos Crédito: Shutterstock
El proyecto también reserva para la Junta Nacional de Granos “proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación”.

La iniciativa contempla como funciones “fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos” y, entre otras, “administrar los elevadores locales y terminales, silos y demás instalaciones de recepción, almacenamiento, acondicionamiento y embarque de granos que integren la red de elevadores y depósitos del Estado”.

En la constitución del organismo estarían nueve personas designadas por el Poder Ejecutivo con un presidente propuesto por el Ministerio de Agricultura.

El proyecto prevé crear un fondo con las operaciones de la Junta. Además, dice que “en la comercialización de los granos y sus subproductos, en que deba intervenir la Junta, actuará como comerciante, contratando directamente y de acuerdo a las reglamentaciones de compra y de venta que la misma establezca”.

También se detalla que “toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente”.

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